El pronunciamiento surge en un contexto de creciente malestar social por el impacto de los tarifazos en hogares y pequeños comercios. Según el centro de estudios, el gobierno provincial había autorizado en noviembre de 2024 un cuadro tarifario que, sumado a los incrementos nacionales, implicaba un alza promedio del 470% en el costo de la energía. “Con la suspensión de los aumentos que dispuso Frigerio, solo se patea el problema hacia adelante, con el objetivo de posicionarse favorablemente ante una ciudadanía que se siente abrumada”, señala el documento.
En ese sentido, el CISPER remarcó que la medida no modifica la composición del precio de la energía ni contiene propuestas para reducirlo. “No es una estrategia sostenible. Es maquillaje político ante un problema estructural que sigue sin resolverse”, sostiene el comunicado.
Uno de los puntos más críticos del análisis se refiere a la posible disolución del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), cuya intervención se mantiene desde 1997. El CISPER recuerda que el EPRE “ha tenido un rol desdibujado y solo ha convalidado las decisiones de Enersa”, la empresa distribuidora de energía de la provincia. En lugar de eliminar el organismo, proponen “cumplir la ley, desintervenir y repensarlo para que cumpla con su función de dar claridad y transparencia al sistema eléctrico”.
El centro también advirtió sobre la falta de transparencia en la determinación del Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que ha contribuido a que Entre Ríos sea una de las provincias con la energía más cara del país, afectando seriamente a las familias y al comercio local.
“Entre Ríos no necesita medidas de alivio temporales, sino soluciones integrales que aborden de manera efectiva los desafíos energéticos”, concluye el comunicado. Para el CISPER, solo un compromiso genuino con el desarrollo sostenible permitirá evitar que la crisis energética siga profundizando las desigualdades sociales y económicas en la provincia.
(fuente: Diario Junio)
