La Unidad de Información Financiera ya no podrá ser querellante en causas de corrupción

La Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en casos de corrupción y lavado de activos, según dispuso el Gobierno nacional a través de un decreto. El Poder Ejecutivo publicó este jueves la norma en el Boletín Oficial, por la cual modificó las facultades del organismo y, si bien no le prohibió estas actuaciones, el espíritu es que deje de participar como parte actuante.

“La UIF establecerá, en cada caso, de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 24 de la presente ley, las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cumplir y su plazo de cumplimiento. La prescripción de la acción prevista en el artículo 24 bis de la presente ley quedará suspendida desde el momento en que se acceda al régimen y por el plazo de cumplimiento fijado”, sostiene el decreto conocido este jueves.

La nueva norma que limita las capacidades del organismo que investiga el lavado de activos, agrega que “si durante el plazo fijado por la UIF la persona que se acoge al presente régimen no comete un nuevo incumplimiento al artículo 21 de la presente ley, repara los daños en la medida establecida y cumple con las demás obligaciones que se le impongan, se extinguirá la acción para aplicar las sanciones previstas en el presente capítulo para el supuesto del incumplimiento investigado”.

El decreto también cambia la ley de inteligencia con relación a las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.

Por otro lado, la norma publicada este jueves le otorga a la UIF la facultad de intercambiar información con otros organismos cuando considere “que la información puede permitir a las autoridades receptoras enfocarse en casos o resultar relevante en la materia de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

La UIF ya contaba con la posibilidad de manejar información, pero ahora también se le agregó la opción de ser utilizada para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El Gobierno había realizado cambios en la conducción de la UIF en las últimas semanas, cuando luego de la salida de su anterior titular, Ignacio Yacobucci, propuso reemplazarlo por el ex fiscal Paul Starc, hijo de un militar que fue socio de Alfredo Yabrán en OCA.

Starc realizó investigaciones sobre delitos complejos y tuvo una participación en el famoso caso Pomar, una familia de Pergamino que estuvo desaparecida largo tiempo tras una accidente de tránsito.

Entre 2007 y 2010 fue subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación del entonces justicialista Daniel Scioli, ahora funcionario del gabinete libertario de Javier Milei. Strac llegó ahora a la cabeza de la UIF con el apoyo del superpodoroso asesor monotributista de la Presidencia, Santiago Caputo.

(fuente: https://www.conclusion.com.ar/)