Como parte de la agenda trumpista “anti woke”, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres en Argentina.
Mientras Argentina enfrenta un preocupante aumento de femicidios, con entre 255 y 294 casos registrados en 2024 según organizaciones especializadas, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres. En el marco de las próximas sesiones ordinarias, el mandatario planea presentar un proyecto de ley titulado “De igualdad ante la ley”, cuyo contenido ha generado fuertes críticas por su enfoque regresivo en materia de derechos de género.
La propuesta oficialista incluye la derogación de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos, y la eliminación de la figura de femicidio como agravante en el Código Penal. Según el gobierno, estas normativas “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas” y buscan instaurar una supuesta neutralidad ante la ley, omitiendo las desigualdades estructurales que estas políticas buscan abordar.
Desde el entorno presidencial, liderado por Santiago Caputo, aseguran que esta estrategia busca “medir la reacción social” durante el verano, en un intento por normalizar debates que podrían desmantelar derechos adquiridos y desviar la atención de la dura realidad económica que vive el país.
Un contexto de retroceso y desprotección
Estas medidas se enmarcan en una serie de decisiones que evidencian un desinterés por la protección de las mujeres y las diversidades. Durante su primer año de mandato, La Libertad Avanza disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, degradó la jerarquía de la Línea 144, y recortó presupuestos destinados a la prevención y asistencia de víctimas de violencia machista.
La derogación de la Ley Micaela es particularmente simbólica, ya que esta norma nació como respuesta al femicidio de Micaela García, marcando un compromiso estatal y social con la formación en perspectiva de género. Eliminarla sería un golpe directo a las políticas de prevención y un mensaje alarmante en un país que se convirtió en referente mundial con movimientos como Ni Una Menos.
El contexto no podría ser más preocupante. Las cifras crecientes de femicidios y las alertas de organizaciones sociales contrastan con la postura oficial, que minimiza la violencia de género como problemática específica. Estas decisiones no solo refuerzan la idea de retroceso en derechos, sino que también abren un peligroso camino hacia el abandono de las políticas que buscan proteger a las poblaciones más vulnerables en un contexto de creciente violencia y desigualdad económica.
La presentación de este proyecto no solo pone en juego derechos fundamentales, sino que también subestima el impacto social de una Argentina que, en años recientes, ha salido a las calles para exigir que la violencia machista no quede impune.
(fuente: https://primereando.com.ar/)
