El Gobierno nacional anunció que iniciará el proceso de licitación de la llamada “Ruta del Mercosur” y otros 9.000 kilómetros de autopistas y rutas estratégicas. Este plan incluye el Corredor 18, que conecta Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y tiene un rol fundamental en el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay.
La licitación, que se publicará en las próximas horas, incluirá 675 kilómetros correspondientes a las Rutas Nacionales 12 y 14, además del Puente Rosario-Victoria. Estas vías son cruciales para el comercio regional, pero su deterioro ha generado críticas de empresarios y organizaciones como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales”, advirtió la CAME, que reclamó reparaciones urgentes.
La actual concesionaria, Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), denunció atraso tarifario como causa del deterioro. Sin embargo, el Gobierno descartó renegociar su contrato, que vence el 9 de abril, y aseguró que habrá una nueva concesionaria desde el 10 de ese mes.
Expansión a más de 9.000 kilómetros de rutas privatizadas
Según publicó Infobae, el plan incluye una segunda etapa para privatizar 8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales, una empresa estatal. También se sumarán vías no concesionadas, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe y la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos.
El proceso abarcará 13 tramos que concentran el 80% del tránsito vial nacional. Según fuentes oficiales, este esquema permitirá al Estado un ahorro de hasta USD 6.100 millones en 15 a 20 años.
Condiciones de las nuevas concesiones
El criterio para adjudicar las licitaciones será la menor tarifa ofrecida por los postulantes. Aunque no se aplicarán subsidios ni cánones al Estado, los peajes actuales seguirán vigentes hasta que se logre un estándar óptimo de transitabilidad. Esto incluye “bache cero”, señalización adecuada e iluminación.
Además, el Estado establecerá una tarifa máxima y un sistema de actualización trimestral basado en índices del INDEC. Durante el primer año, las empresas deberán realizar las obras necesarias para mejorar las rutas, y el cobro de tarifas ajustadas comenzará a partir del segundo año.
Supervisión por parte de Vialidad Nacional
La Dirección Nacional de Vialidad será la encargada de auditar las concesiones, midiendo el estado de las calzadas, la señalización y otros elementos esenciales. Este control será clave para garantizar que las empresas cumplan con los estándares de calidad establecidos.
(fuente: https://www.diariojunio.com.ar/)
