Si bien la empresa intentó darle un enfoque “voluntario” a la medida, la realidad es que la mayoría de los empleados se ven presionados a tomar esta decisión.
El control libertario sobre YPF ha comenzado a redibujar el mapa energético en Argentina, con decisiones que favorecen a empresarios cercanos al poder político, como Eduardo Eurnekian. La petrolera estatal anunció que dejará de operar en el norte de Santa Cruz el 28 de febrero de 2025, en un proceso de reestructuración que afectará a más de 2.500 trabajadores.
Bajo el marco de “retiros voluntarios”, muchos empleados están siendo presionados a aceptar indemnizaciones especiales antes de que los yacimientos sean entregados a CGC, una empresa vinculada al mencionado empresario. La reestructuración no solo implica una drástica reducción del personal, sino también un repliegue estratégico de la estatal YPF, en favor de actores privados con claras afinidades políticas.
Retiros no tan voluntarios
YPF ha lanzado un plan de retiros “voluntarios”, ofreciendo indemnizaciones de hasta el 120% si se aceptan antes del 31 de enero. Sin embargo, los trabajadores denuncian que las condiciones laborales y la falta de alternativas los obligan, en la práctica, a adherirse al programa. Esta estrategia afectará a más del 50% de la plantilla de la región y pone en evidencia la falta de compromiso de la empresa con los empleados y las economías locales.
Transferencia de los yacimientos a CGC
El control de los yacimientos será transferido a CGC a partir del 1 de marzo, en lo que parece ser una estrategia para beneficiar a empresarios vinculados al gobierno libertario. CGC asumirá la operación con un personal significativamente reducido, y en su primera etapa no utilizará equipos perforadores, relegando la producción a empresas como Crown Point, Roch y PECOM.
Este movimiento ha generado preocupación, no solo entre los trabajadores, sino también entre los sindicatos, que advierten sobre el impacto laboral y productivo de esta decisión.
Impacto en los trabajadores y el sector petrolero
Aunque desde YPF aseguran que no habrá despidos forzosos, los trabajadores que no se acojan a los retiros voluntarios enfrentan un panorama incierto. La medida deja en evidencia un proceso de privatización encubierta que prioriza los intereses empresariales sobre el bienestar de los empleados y las comunidades locales.
La salida de YPF de Santa Cruz y la entrega de los yacimientos a CGC marca un precedente en la política energética del país, donde las decisiones estratégicas parecen estar alineadas con la concentración del sector en manos de empresarios cercanos al poder, en detrimento de la soberanía energética y el empleo.
(fuente: https://primereando.com.ar/)
