Por: Susy Quinteros –
La Ley Federal de Educación Nº 24.195 fue sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, el 14 de abril de 1993. En dos de sus artículos, referidos a los Derechos y Deberes de los Miembros de la Comunidad Educativa establece lo siguiente:
– Los alumnos deberán desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad que cuenten con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad y la eficacia del servicio educativo.
-Estarán amparados por un sistema de seguridad social durante su permanencia en el establecimiento escolar y en aquellas actividades programadas por las autoridades educativas correspondientes.
Si bien es cierto que la sociedad argentina atraviesa una crisis moral sin precedente, los robos a la educación constituyen la más condenatoria de todas las acciones delictivas. Es un robo a la niñez y al futuro, un robo a las comunidades educativas que atónitas y desguarnecidas sufren un atropello sin vías de solución y viven atemorizadas. Los establecimientos educativos sufren la pérdida de elementos de trabajo que van desde computadoras y todos sus derivados, material de laboratorio y una larga lista de insumos para la administración escolar. También los comedores escolares son víctimas de pérdidas irreparables que impiden la valiosa asistencia alimentaria a niños de escasos recursos.
Los edificios escolares y todas sus pertenencias, en soledad los fines de semana y sin personas que se encarguen de la seguridad, son campo propicio para los oportunistas del delito.
¿La falta de escrúpulos va por un camino sin retorno? ¿Qué pobreza puede justificar este ensañamiento hasta con niños discapacitados?, Un tema que preocupa y mucho a la sociedad nos llega a todos desde distintos enfoques, nos entristece y nos lanza a preguntas difíciles de responder.
