El 22 por ciento de lo presupuestado para 2018 va para Buenos Aires. Este año, la provincia sólo recibirá 30 kilómetros de ruta, correspondientes a la obra que comprende el puente Paraná-Santa Fe.
Los gobernadores siguen de cerca cómo es la distribución y qué distritos ganan y cuáles no con las obras que la Nación licitará a través del programa de Participación Público-Privada (PPP).
Por una cuestión de rentabilidad, los distritos centrales llevan la delantera en la adjudicación de los trabajos. El pedido de las provincias es que, en este mecanismo de financiamiento en el que el Estado pone el 70 por ciento de los fondos, “se priorice el criterio federal”.
Más centralismo
De los gastos presupuestados para este año, se desprende que el 25 por ciento no tiene una asignación provincial específica, mientras que del resto, el 42 por ciento se concentra en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Le sigue Córdoba con 4,5 por ciento y Santa Fe con 4,3 por ciento.
Hay 12 provincias a las que, en conjunto, se les asigna menos del 10 por ciento del gasto entre las que se encuentra Entre Ríos. Desde el ministerio de Transporte defienden el criterio aplicado, y recalcan que con la infraestructura por construirse se reducirán los costos logísticos.
No obstante, y más allá de los reclamos individuales, los gobernadores apuntan a que la comisión bicameral encargada de seguir el tema -la preside el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista)- insista en que todos los distritos sean tenidos en cuenta a la hora de la distribución de las obras.
“Vamos a exigir un criterio federal”
Según fuentes cercanas al ministro Rogelio Frigerio plantearon que los PPP son “también obra pública con un financiamiento que nos permite casi duplicar lo que venimos haciendo hasta ahora y que ya constituye un récord”.
En esa línea indicaron que el déficit de infraestructura es “tan grande” que “se debe echar mano a cuanta herramienta exista para seguir achicando esa brecha. La legislación que tenemos es de las mejores del mundo”.
Por su lado el diputado Diego Bossio dijo que “vamos a exigir un criterio federal y también a controlar el mecanismo de financiamiento, que aunque es interesante tuvo fallas en otros países”. También planteó que está claro que ningún privado “pondrá plata donde no hay rentabilidad asegurada, pero para eso está el Estado”, y describió que, en ese sentido, la “variable federal” tiene que jugar “fuerte” en el esquema de financiamiento, en donde el 30 por ciento lo ponen los privados y el resto, el público.
De los gastos presupuestados para este año, el 25 por ciento no tiene una asignación provincial específica. Del resto, el 42 por ciento se concentra en Buenos Aires (22 por ciento) y en la ciudad de Buenos Aires (20 por ciento); le siguen Córdoba (4,5 por ciento) y Santa Fe (4,3 por ciento). Hay 12 provincias a las que, en conjunto, se les asigna menos del 10 por ciento del gasto.
El puente Paraná – Santa Fe
Estará emplazado 1.400 metros aguas arriba de la ubicación del Túnel, y tendrá una longitud de seis kilómetros. La obra se licitaría a mediados de año y demandaría cuatro años su construcción, generando unos 700 puestos de trabajo.
La inversión global está estimada entre los 600 y los 800 millones de dólares y será ejecutada mediante el mecanismo de Participación Público-Privada. Este sistema consiste en que al financiamiento para la obra lo realizará un privado, que luego recuperará esa inversión: la mayor parte por una devolución del gobierno nacional, pero también por el uso como el cobro de peaje.
(fuente: La Calle)
