El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó que «quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales».
Lo dijo al referirse al anuncio del Gobierno sobre el decreto que nombrará a estos servicios como públicos y esenciales.
«Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible» afirmó López al referirse a la medida dispuesta por el Gobierno.
En el mismo sentido, consideró que «era imprescindible recuperar la declaración de servicio publico que había eliminado el ex presidente Mauricio Macri a la semana que asumió, dejando esto como una simple mercancía entre privados y no un derecho humano básico».
Además, la norma que se dará e conocer a través del Boletín Oficial, dará un paso más allá de lo derogado oportunamente por la gestión Cambiemos e incluirá a la telefonía celular entre los servicios públicos, esenciales y estratégicos.
López destacó que a partir del nuevo DNU «el precio de los servicios estará regulado».
«Significa que, si bien sigue siendo en competencia entre las empresas, ningún aumento puede hacerse sin la previa autorización del Enacom», apuntó.
«Después para abajo pueden hacer descuentos que consideren oportunos pero el tope del aumento lo pone el Estado», aseveró López al plantear el nuevo esquema de competencia que tendrán que abordar las compañías prestadoras de cada servicio.
El vicepresidente del Enacom también reseñó que se implementarán «las prestaciones básicas universales y obligatorias», lo que implica asegurar «los planes inclusivos y la tarifa social para los que no pueden acceder a un plan».
«El Estado ahora le va a garantizar el acceso a planes inclusivos a través de una prestación universal y que las empresas serán las encargadas de ofrecera un precio acordado» con la autoridad de aplicación.
Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un «servicio público» y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, como sucede en la actualidad.
De esta forma, el Estado recupera las «herramientas regulatorias» sobre estos sectores.
El anuncio formulado anoche por el Presidente también deja sin efecto el incremento de entre 10 y 15% que las tres mayores operadoras de telefonía celular -Movistar, Telecom Personal y Claro- tenían previsto aplicar a partir del primer día de septiembre.
El DNU dispondrá, entre otras cuestiones, que «se establecen a los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, (TIC), al acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios TIC, como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia».
Cobos apoyó que la telefonía celular sea servicio público: «Hace años insistimos con esto»
El senador radical explicó que «es razonable que si la telefonía fija es es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene».
El senador radical Julio Cobos expresó su conformidad con que la telefonía celular sea calificada como servicio público, tal como lo dispuso un decreto de de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández.
«Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene», afirmó el senador por Mendoza en las ultimas horas en su cuenta de la red social Twitter.
En ese marco, Cobos agregó que «la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo».
El Gobierno anunció la decisión de declarar como «servicios públicos» a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga», y anticipó que las tarifas de esas prestaciones quedarán congeladas hasta el próximo 31 de diciembre, al considerar que «el acceso a datos es sinónimo de igualdad».
El legislador radical recordó lo que había escrito en Twitter, en 2017, sobre el tema, cuando preguntó: «¿’Sabías que el servicio de telefonía móvil está al tope de los reclamos en todas las jurisdicciones de Defensa al Consumidor a nivel país?».
En esa publicación había añadido que «58 millones de teléfonos celulares. Por el alcance territorial y social que tiene, la telefonía móvil debería ser declarada como servicio público».
Cobos opinó que «lo mismo sucede con el gas envasado», y agregó: «hace años que insistimos en la necesidad de que la garrafa social sea servicio público (como es el gas en red); esto sí es fundamental y beneficioso para millones de familias que no cuentan con gas natural en todo el país».
Para entidades de usuarios, declarar internet, tv paga y móviles como servicio público es un «cambio copernicano»
Según el director de la Unión de Usuarios y Consumidores, «la declaración de servicio público es algo que veníamos pidiendo hace años. Hubo avances regulatorios en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después hubo un claro retroceso dejando esto en la libertad del mercado».
Entidades de usuarios consideraron este sábado que el DNU presidencial que categoriza a internet, tv paga y móviles como servicio público esencial y congela tarifas hasta fin de año constituye un «cambio copernicano»,
Según el director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, “esta declaración de servicio público, donde el Estado recupera herramientas de control y regulación de precios, de calidades, de tipo, de servicios, de universalidad, nos abre una puerta a una transformación muy grande».
«Estamos en un escenario totalmente distinto al de hace dos días, donde las asociaciones pensábamos cómo hacíamos para llevar nuestro mensaje», agregó en diálogo con Télam.
Según el director de la ONG, «la declaración de servicio público es algo que veníamos pidiendo hace años. Hubo avances regulatorios en la época del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y después hubo un claro retroceso dejando esto en la libertad del mercado».
Boada aseguró que desde la asociación anhelan «que los consumidores también tengan una participación en la fijación de regulación de precios», por lo que van a pedir participar» y que «el servicio mínimo que se establecerá por reglamentación tenga un piso alto, no bajo». «No igualemos para abajo, sino para arriba», afirmó.
Asimismo, Boada apoyó el congelamiento de tarifas para estos servicios hasta el 31 de diciembre, ya que «se venía un aumento que ya habían anunciado a partir del 31 de agosto».
«Nosotros estábamos muy preocupados porque creemos que en medio de este momento en el cual la gente tiene su bolsillo más chico, aumentar tarifas de algo tan necesario como es en este momento internet y levantar trabas para que la gente no use esos servicios, era un problema», remarcó.
El congelamiento de los precios se dispuso a una semana de que las empresas de telefonía móvil, internet y televisión por cable aplicarán los anunciados aumentos que iban desde el 10 hasta el 18%, según los casos.
(fuentes: ámbito.com y El Once)
